La expulsión puede ser decretada por diversas razones, entre las que se incluyen:
El proceso de expulsión generalmente sigue estos pasos:
La expulsión conlleva:
El Espacio Schengen es una zona de libre circulación que permite a las personas desplazarse entre los países miembros sin controles fronterizos internos. Actualmente, en 2025, el Espacio Schengen está compuesto por 31 países:
Es importante destacar que Irlanda y Chipre no forman parte del Espacio Schengen. Además, aunque Bulgaria y Rumanía son miembros de la Unión Europea, no han sido incorporados al Espacio Schengen. Sin embargo, Rumanía y Bulgaria han eliminado los controles fronterizos terrestres desde el 1 de enero de 2025, uniéndose oficialmente al Espacio Schengen.
Es relevante mencionar que, aunque el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, se ha anunciado que los viajeros del Reino Unido deberán obtener una autorización ETIAS para ingresar al Espacio Schengen a partir de finales de 2025.
La expulsión de un extranjero en España es un procedimiento administrativo que implica la salida obligatoria del territorio nacional. El tiempo que un individuo tiene para abandonar España tras una orden de expulsión varía según las circunstancias específicas del caso.
En procedimientos de tramitación ordinaria, la resolución de expulsión suele establecer un plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero abandone el territorio nacional. Este plazo oscila entre siete y treinta días, comenzando a contar desde la notificación de la resolución.
Si el individuo no abandona el país dentro del plazo establecido, las autoridades competentes procederán a la ejecución de la expulsión, que puede implicar la detención y la salida forzosa del territorio nacional.
Tras la expulsión, se impone una prohibición de entrada en España y en otros países del Espacio Schengen por un período determinado, que varía según la gravedad de la infracción cometida. Generalmente, esta prohibición tiene una duración de cinco años, aunque en casos de infracciones muy graves, puede extenderse hasta diez años.
Es fundamental que los extranjeros en España cumplan con las normativas vigentes para evitar situaciones de irregularidad que puedan dar lugar a procedimientos de expulsión.
Contra la resolución de expulsión, se pueden interponer recursos administrativos y judiciales, como el recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo, dentro de los plazos establecidos por la ley.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se emitieron 10.645 órdenes de expulsión, lo que representa una disminución respecto a años anteriores.
Es importante destacar que la expulsión es una medida excepcional y debe ser aplicada respetando los derechos fundamentales de las personas afectadas.
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